Nuevamente decenas de miles de personas han regresado a las calles del Cairo para concentrarse en la Plaza Tahrir. Se trata de la construcción de una misma arquitectura social, de las mismas manifestaciones visuales y verbales, de las mismas acampadas y del mismo objetivo que contra Mubarak: "ash-shab yurid isqad an-nidam".
La diferencia, a parte de que se repudian las transmisiones de Al Yazeera por considerarla como cómplice de lo anunciado por las autoridades, es que ahora el objetivo de estas demandas se encuentra contra la persona del nuevo presidente Muhammad Morsi, a quien muchos ya le apodan "Mubarak". La razón, como muchos medios lo han publicado, es simple y sencillamente que el presidente, para otros ahora casi Faraón, se ha puesto por encima de la ley al atribuirse poderes que impiden a cualquier institución egipcia anular sus decisiones, al tiempo que ha blindado la Asamblea Constituyente dominada por los Hermanos Musulmanes para legislar sin presiones y con viento a favor.
Dicha decisión no solo ha sacado de nuevo a las calles a opositores del presidente (que por cierto se tachan de "insurrectos del viejo régimen") sino también a los propios hermanos musulmanes que, a diferencia de su papel con nubes de opacidad durante las revueltas contra Mubarak, ahora se han dado citas en las calles del centro y norte del país para defender sus privilegios políticos y económicos que habían ganado mediante las urnas.
Y es que de acuerdo con la constitución egipcia, todas las órdenes y decretos de Mursi escaparian de la fiscalización del poder judicial, lo que evita que los jueces puedan disolver la Comisión Constitucional, la Asamblea Constituyente y el Consejo de la Shura y/o apelar cualquier decisión del alto mandatario en todo sector gubernamental desde acciones judiciales hasta de política exterior. Lo anterior ha orillado a los magistrados a ponerse en huelga indefinida, mientras la Corte Criminal del Cairo ha anunciado que pospondrá todos sus trabajos que no se relacionen con la seguridad nacional hasta que se de marcha atrás a lo ahora se conoce como" el decretazo".
Estas políticas por parte del nuevo presidente van en contra de las inspiraciones originales de la "tawra" egipcia que comenzó en enero de 2011. Una política de preferencias y de posiciones por encimas de las leyes pueden llevar a Egipto al fondo del abismo ya que la estructura económica nacional ha quedado muy dañada y frágil a raíz de los años de corrupción, clientelismo y represión del antiguo régimen, por lo que el arreglo de las estructuras macro y micro económicas, laborales, comerciales y de seguridad deberían se la prioridad del nuevo gobierno antes de pensar en blindar el poder que acaba de adquirir por medios democráticos. Esto no hace más que causar la reacción de descontento de los egipcios que han librado toda una revolución para ver una mejora de sus familias y de próximas generaciones en todo ámbito, sobre todo, del económico y social.
Pero Morsi no está haciendo otra cosa más que usar la represión en nombre de la revolución y de la salvaguarda de la revolución. Poderes absolutos como alargar las detenciones de hasta seis meses, castigar el derecho de reunión y de prensa, así como cuidar el país de saboteadores y agentes externos que puedan perpetrar actos terroristas, son solo algunas de las intenciones y acciones planeadas por el nuevo gobierno. No estamos hablando de Siria ni de Al Assad por si surgiera alguna sospecha, se trata de las reformas revolucionarias del Egipto post Mubarak, del mismo Egipto de los Hermanos Musulmanes.
Paradójicamente, el gobierno de Mursi había pasado algunas pruebas decisivas en política exterior hasta que se presentó la prueba interna. Su actitud de mediador frente al conflicto Israel-Palestina, su distancia con Irán y Siria y el respeto al tratado de paz con Israel habían sido muestras de un gobierno racional y activo en la nueva agenda regional de Oriente Medio. Sin embargo, las nuevas atribuciones internas ponen en jaque al mismo gobierno al subestimar a una población egipcia que ha estado muy atenta, activa y reactiva, al desarrollo de la primavera árabe no solo dentro de su país sino de toda la región abogando por el respeto a los ideales de sus mobilizaciones, sus mártires, sus himnos y su lenguaje contestatario.
"El decretazo" en cinco frases"
- Todas las leyes y decisiones del presidente son finales, no pueden ser objeto de recurso, anulado o detenidas por los tribunales u otros órganos. Esto se aplica a las decisiones que ha hecho desde que asumió el cargo en junio y todo lo que hace hasta que una nueva Constitución es aprobada y una nueva elección del Parlamento, prevista para la primavera como muy pronto.
- Ningún órgano judicial puede disolver la cámara alta del parlamento o la asamblea de escribir la nueva constitución. Ambos están dominados por la Hermandad y otros islamistas y varios casos que exigen su disolución eran antes los tribunales, que previamente disuelto la cámara baja del parlamento.
- El presidente puede alguna medida o medidas necesarias para evitar los riesgos para “la revolución, la vida de la nación o de la unidad nacional y la seguridad”, o para el funcionamiento de las instituciones estatales.
- Un nuevo órgano judicial de la “protección de la revolución” se ha creado para reabrir las investigaciones, los procesamientos y los juicios de los funcionarios del antiguo régimen, incluyendo derrocado presidente Hosni Mubarak, por la muerte de manifestantes durante la revuelta del año pasado. Otros oficiales de policía acusados de asesinatos, sin embargo, no se volverá a intentar.
- El polémico fiscal general, nombrado por Mubarak visto por muchos como poco exigente en la búsqueda de figuras del antiguo régimen, fue destituido de su cargo
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